El baile puede esperar

Si nada puede estar por encima del derecho a la vida, consecuentemente entones tenemos que decir que exigir seguridad  en todo aquel espacio o recinto público es sensato y responsable. Ese derecho por lo tanto es irrenunciable. No podemos pretender subordinarlo o mucho menos ningunearlo por otros intereses. Dicho esto, el derecho a la empresa o al trabajo no está de ninguna forma por encima de la vida.

Por eso cuando la semana pasada se encendió más el debate sobre el caso Pardo, nos llamaba poderosamente la atención de que se argumente la inversión, el negocio y derechos laborales, cuando lo que se estaba cuestionando era que la empresa no terminaba de levantar la serie de observaciones que existen en ese centro de diversión. Sobre todo en el muro periférico que están levantando a la prepo luego que un viento fuerte lo trajera abajo como si fuera un bloque de wafler.

Los trabajadores, entre ellos los músicos o artistas del grupo Explosión deberían en primer lugar exigir a sus empleadores que cumplan con las leyes porque solo así podrán trabajar sin impedimento alguno. No es la actitud de la autoridad ni la oposición de un importante sector de la ciudadanía lo que debe molestarles, sino el que los empresarios le quieran sacar la vuelta a las leyes.

Ahora, los propietarios de Explosión están en todo su derecho de exigir que la autoridad municipal les tenga informado de las acciones y medidas que vienen aplicando en ese recinto, la información clara y transparente debe estar bajo toda luz meridiana. Nada puede estar a media luz. Si ellos tienen que denunciar, por ejemplo, la intromisión del esposo de la alcaldesa de Maynas en este caso, pues que lo hagan en las instancias respectivas. Somos varios los periodistas que no ocultaremos la verdad y no temblaremos para señalar mafias p actos de corrupción en las instancias de gobierno, La municipalidad provincial es una institución pública por lo tanto los familiares no tiene por qué meter las narices, y las uñas, en esos asuntos de gestión.

Lamentablemente, una vez más, sentimos que el peligroso virus de la politiquería que ha invadido los medios de comunicación, ha trastocado, torcido y manoseado este tema. Indigna escuchar de uno y otro lado posiciones condicionadas por el contrato de imagen o el sencillo que por publicidad reciben. Están a favor o en contra de la decisión de Maynas o del Pardo dependiendo del RUC al que facturan mensualmente. No es la seguridad de las personas, no es la defensa de la vida o salud de los que asisten a este local. No. Solo interesan sus bolsillos y punto.

Además, los socios del  Atletic Club José Pardo, propietario de ese predio de Mariscal Cáceres con Alzamora, han denunciado a los empresarios arrendatarios, es decir, al grupo Explosión. Por lo tanto ese asunto queda en el fuero privado. Los abogados de uno y otro lado tendrán que arreglar sus diferencias en los fueros judiciales. Así que, este bailongo tiene para rato, señores.

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